Boris Johnson iniciará el lunes una campaña para animar a los empleados que siguen teletrabajando a volver a las oficinas para recuperar la normalidad que había antes de la pandemia. La campaña coincidirá con la vuelta al colegio de los niños y cree que esto facilitará a los padres abandonar su reclusión. Es una nueva fase de la desescalada iniciada a finales de mayo.

Johnson quiere que los empresarios garanticen la seguridad en las oficinas a sus empleados y que les pidan que vuelvan. En estos momentos, el 40% de la fuerza laboral sigue trabajando desde casa. Los sectores de la educación, la información y la comunicación tienen el 70% de los trabajadores desempeñando sus tareas desde casa. Y un estudio de la BBC concluye que la mitad de las empresas no tienen ninguna intención de facilitar la vuelta a las oficinas de sus trabajadores.

Hay que tener en cuenta que a partir de la semana que viene, el Gobierno reducirá las ayudas a las empresas para el sistema de compensaciones (el equivalente a los ERTE en España), que será cortado a finales de octubre. Afectará también al medio millón de trabajadores del sector bancario que trabajan en el centro financiero de Londres, conocido como la City. El problema es que este territorio de oficinas se ha convertido en una especie de ciudad fantasma. Los bancos británicos no tenían previsto que sus empleados volvieran a las oficinas hasta enero del 2021.

La patronal empresarial (CBI, en inglés) ha sido la que más ha presionado al Gobierno para que tomara esta decisión. Han advertido del daño que puede suponer para la economía que los centros financieros sigan cerrados. El ministro de Transporte, Grant Shapps, es uno de los que dan apoyo a la iniciativa y afirmó que cierta parte del trabajo no se puede hacer de forma remota. S

in embargo, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, replicó que es más importante el resultado de los trabajadores que el lugar desde el que trabajen. Esto demuestra que no hay una unanimidad dentro del Ejecutivo de Johnson.

La oposición sí que ha reaccionado unida contra esta campaña. "Nadie puede ser forzado a elegir entre su salud y su trabajo", avisó Lucy Powell, la responsable de negocios laborista. Y pidió al Gobierno que retire la campaña, que será promovida a través de radios y televisiones. Teme que pueda incentivar a los empresarios a despedir a los empleados que no quieran volver. El Ejecutivo replicó que esto no sucederá.

Críticas sindicales

También los sindicatos criticaron la medida. "El primer ministro necesita un plan creíble para ayudar a más gente a ir al trabajo [ya que la mayoría utilizan el transporte público] y a tener un entorno de trabajo sano, no una campaña de miedo", dijo Frances O'Grady, secretaria general de TUC, principal sindicato británico.

Tampoco ninguno de los gobiernos nacionales con poder transferido adoptará la campaña. Gales, Escocia e Irlanda del Norte han rechazado el plan. La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, la tachó de "campaña de intimidación".