La Administración de Trump, en su crudo asalto a normas que durante décadas han regulado el trato a los inmigrantes, lleva dos años intentando desarticular el Acuerdo Flores, un decreto que desde 1997 reglamenta las condiciones de detención de menores migrantes en EE UU. Dos años lleva impidiéndoselo la jueza federal Dolly Gee, que desde un tribunal de distrito de Los Ángeles supervisa la aplicación y supervivencia de ese acuerdo.
Ahora, en medio de una pandemia fuera de control, que ha llegado también a los centros de detención de migrantes, la magistrada ha vuelto a recordar sus obligaciones al Gobierno en lo que se refiere a los derechos de los menores, que Trump sigue haciendo sus víctimas.
El viernes la jueza dio orden de que se libere a los niños migrantes que llevan más de 20 días detenidos junto a sus familias en tres centros del ICE, la polémica agencia federal de inmigración y aduanas dentro del departamento de Seguridad Nacional, que a principios de junio tenía 124 niños en su custodia.
