Las restrictivas políticas inmigratorias de la Casa Blanca servirán a Donald Trump para demostrar durante su campaña de reelección que ha cumplido con sus promesas. De hecho, ayer se puso en marcha una nueva norma que es algo parecido a una prueba de riqueza para poder denegar visados y la residencia legal a los inmigrantes que representan una "carga pública" para el Estado.
La Administración defiende las restricciones como una forma de hacer el sistema más meritocrático y priorizar la captación de trabajadores cualificados, pero sus críticos consideran que no es más que una estratagema para vetar la entrada a los pobres. La nueva norma establece que se podrá negar la residencia legal a los inmigrantes que reciban subvenciones públicas para ayudarles a pagar la cobertura sanitaria, la vivienda o la alimentación. Basta que se beneficien de un solo programa social más de doce meses en tres años para quedar excluidos.
