15 de febrero de 2020
15.02.2020

La UE recorta en las políticas agrícolas y de cohesión, claves para España

Michel quiere bajar un 14% los fondos agrarios y un 12% los estructurales y desoye el rechazo de España a que Polonia concentre los "fondos verdes"

15.02.2020 | 01:38
Charles Michel, llegando a la última cumbre europea, el pasado 13 de diciembre en Bruselas. // Reuters

Tras varias semanas de "confesionarios", el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ya tiene lista la propuesta de compromiso que servirá de base para negociar el nuevo marco presupuestario de la UE durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que arrancará el 20 de febrero en Bruselas. El plan, presentado ayer a las 27 capitales, incluye fuertes recortes -superiores al 10%- en las dos principales partidas del presupuesto (cohesión y agricultura), pero también guiños hacia algunos países al aumentar las partidas para asilo, inmigración, gestión de fronteras y política de defensa.

El político belga parte de un montante global muy similar al propuesto a finales del año pasado por la presidencia semestral finlandesa de la UE y que fue rechazado. El Gobierno de Helsinki puso sobre la mesa un presupuesto de 1,087 billones de euros (1,07% de la renta nacional bruta), inferior a los 1,13 billones o 1,11% propuesto inicialmente por la Comisión Europea. Michel plantea ahora un marco con 1,094 billones de euros -7.500 millones de euros más- para los próximos siete años (1,074% incluido el Fondo Europeo de Desarrollo), con una distribución ligeramente diferente y más "flexibilidad" con la que esperan limitar "la insatisfacción" y lograr un mejor "equilibrio" en la distribución, según explicaron fuentes europeas.

Aun así, las dos principales partidas del presupuesto se llevan un tijeretazo importante respecto a las cuentas actuales: del 12% en el caso de los fondos destinados a la política de cohesión (323.200 millones en total frente a los 367.700 actuales) y del 14% en agricultura (329.300 millones frente a 382.500), con rebajas del 10% en el caso de las ayudas directas y del 25% del desarrollo rural. Se trata de dos partidas claves para España y para los países "de la cohesión" y que los "frugales" del norte, que exigen un presupuesto del 1%, quieren recortar y modernizar.

A cambio, Michel propone un fuerte incremento del dinero dedicado a la inmigración y a la gestión de fronteras (5.500 millones), multiplicando por tres el presupuesto de la agencia Frontex (5.100 millones). En materia de seguridad y defensa, una de las prioridades francesas, también aboga por destinar 7.000 millones al Fondo Europeo de Defensa, mientras que mantiene en 7.500 millones el montante del nuevo Fondo de Transición Justa propuesto por Bruselas para ayudar a las regiones menos preparadas a afrontar la transición energética. Aunque la distribución ideada por la Comisión, que concentra el grueso de los "fondos verdes" en Polonia, es rechazada por países como España, Michel ha optado por mantener el mismo reparto.

Tal y como se esperaba, la propuesta también incluye una cláusula de condicionalidad de los fondos vinculada al respeto del Estado de derecho, que podría llevar a la adopción de "medidas proporcionadas" si se detectan deficiencias, y el compromiso de destinar el 25% del presupuesto de la Unión a gasto que apoye la lucha contra el cambio climático.

Otra de las novedades del plan, con el que Michel espera convencer a los países del norte de Europa, es un aumento del capital del Banco Europeo de Inversiones de 10.000 millones para aumentar así la capacidad de préstamo para apoyar la transición digital y climática y movilizar hasta 500.000 millones. Además, la propuesta mantiene los "cheques" que reciben cinco contribuyentes netos -Dinamarca, Alemania, Holanda, Austria y Suecia- para reducir su aportación al presupuesto pero se irán reduciendo a lo largo del período.

El aval del Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión en el ámbito presupuestario, será crucial y la propuesta de Charles Michel no se olvida se este importante detalle. Como guiño a la Eurocámara, que reclama un presupuesto del 1,3%, la propuesta plantea crear nuevos recursos propios con los que alimentar un presupuesto que con la salida del Reino Unido perderá 10.000 millones de euros cada año.

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