Los siete fiscales demócratas del juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, acusaron ayer al magnate de dañar a Ucrania, "un aliado estratégico" en su guerra contra Rusia para obtener un beneficio personal haciendo "trampas" e incurriendo en "corrupción". Los fiscales, que empezaron a exponer sus argumentos, pidieron que se expulse a Trump de la Casa Blanca porque ha demostrado "que se cree por encima de la ley".
"(Trump) negó ayuda militar a un aliado estratégico que estaba en guerra con Rusia, y lo hizo con el fin de lograr ayuda extranjera para su reelección, en otras palabras, para hacer trampas" e incurrir en "corrupción", sostuvo Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. Los demócratas tendrán un total de 24 horas para su alegato, que posiblemente se extienda hasta mañana, viernes, dividido en jornadas de ocho horas.
Schiff afirmó que los "fiscales" demócratas expondrán esta semana "pruebas abrumadoras" de la presunta corrupción de Trump, pero también alertó de que el proceso no será "justo" si la Casa Blanca no cede y les entrega más documentos, además de permitir la comparecencia de testigos como el exasesor John Bolton. Esta cuestión, que no ha podido ser resuelta todavía por el fuerte enfrentamiento que se vive en el Congreso, se resolverá en el último tramo del proceso.
Desde Davos, Trump se internó ayer en un doble juego. Por un lado, aseguró que preferiría un juicio más prolongado, para que actuales y antiguos altos funcionarios pudieran aportar su testimonio. Por otro, advirtió que esas comparecencias representarían un problema de seguridad nacional.
Trump aseguró que le gustaría que el exconsejero de Seguridad nacional, John Bolton, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, testificasen. "El problema con John es que sería un problema de seguridad nacional", dijo, porque "sabe lo que pienso sobre los líderes. ¿Qué sucede si revela lo que pienso sobre alguno y no es muy positivo?". Sobre Pompeo, estimó que su testimonio sería un riesgo para la integridad del país. Negarse "se podría llamar prerrogativa presidencial", dijo.
