El juicio contra Donald Trump está finalmente en marcha desde ayer. El diputado Adam Schiff, uno de los siete legisladores escogidos por los demócratas para ejercer de fiscales, leyó en el pleno del Senado los cargos que se imputan al Presidente, poco antes de que el centenar de senadores se comprometiera bajo juramento a administrar justicia "imparcialmente" en sus funciones como jurado. La jornada tuvo algo más que fotos para el recuerdo. Nuevas revelaciones y dictámenes han dado fuerza a las acusaciones de los demócratas.

La más importante salió de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO), un organismo oficial independiente que presta servicios de auditoría al Congreso. La GAO ha dictaminado que Trump violó la ley al congelar el año pasado 400 de millones de dólares en ayudas militares a Ucrania previamente aprobadas por el Congreso.

"La ley no permite al Presidente sustituir la legislación aprobada por el Congreso por sus propias prioridades políticas", asegura el documento. "Los fondos se congelaron por motivos políticos", añade categóricamente. Estas presiones a Ucrania están en el centro de las acusaciones a Trump.

El Presidente ha sido acusado de "abuso de poder" por condicionar esa ayuda militar y la visita del presidente ucraniano a la Casa Blanca a la apertura de una investigación en el Kiev contra su principal rival político, Joe Biden. Un segundo cargo habla de "obstrucción al Congreso". Al respecto, la GAO afirmó que el Ejecutivo les ha negado los documentos que necesitaban para hacer su investigación, zancadillas que tienen "significado constitucional".

El miércoles ya hubo nuevas acusaciones contra Trump, las de Lev Parnas, uno de los intermediarios a los que recurrió el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, para presionar a las autoridades ucranianas. "El presidente estaba al tanto de todos mis movimientos. Yo no hacía nada sin el consentimiento de Giuliani y Trump", dijo.