El Parlamento de Rumanía derogó ayer una polémica ley sobre la libertad condicional de los presos aprobada en 2017 por el anterior gobierno del Partido Social Demócrata (PSD), que hizo posible la salida de prisión antes de tiempo de más de 22.000 condenados, entre ellos 2.500 asesinos y violadores, pero que también benefició a numerosos políticos condenados por corrupción, lo que generó las protestas más multitudinarias que ha conocido el país desde la revolución anticomunista de 1989.
La derogación había sido prometida por el Partido Nacional Liberal (PNL), que gobierna en minoría desde noviembre tras derribar al Ejecutivo socialdemócrata mediante una moción de censura.
Según el actual Gobierno, al menos 500 de los presos liberados anticipadamente ya han reincidido.
