El Gobierno de Chile tachó ayer de "irresponsable" un duro informe publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre violaciones "generalizadas" de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en la crisis social que vive el país desde hace más de un mes. El informe alude a "ataques generalizados usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva" contra manifestantes con la intención de "dañar". Las protestas dejan un balance hasta hoy de 23 muertos, si bien la mayoría se registraron los primeros días, antes de que el presidente Piñera decidiera replegar a los militares.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, calificó las acusaciones de "hecho extraordinariamente grave y falso" y añadió que "no hay derecho a que se les calumnie, se les injurie, se les ofenda de la forma como se ha hecho".
Antes que Espina se pronunció Piñera, quien ya había admitido estos días excesos en la represión. Respecto a las acusaciones de AI de que la violencia policial y militar sigue "un patrón", Piñera explicó los protocolos de actuación, que defendió como proporcionados y progresivos, aunque concedió que "es posible que en algunos casos" se incumplieran. Esos casos, dijo, serán investigados por la Fiscalía y sancionados por la Justicia.
