El expresidente boliviano Evo Morales, exiliado en México tras ser apartado del poder por el Ejército, advirtió ayer que mantendrá movilizados a sus simpatizantes en las calles hasta que el "Gobierno de facto" de la autoproclamada presidenta del país, la senadora opositora Jeanine Áñez, dé "garantías" de seguridad a todos los miembros de su partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y lleve a cabo una investigación de la "masacre".
Las protestas iniciadas el pasado 20 de octubre por la oposición, que denunciaba un fraude electoral de Morales, han dejado ya más de veinte muertos y 700 heridos y se han recrudecido tras el exilio del líder aymará. La situación permanece bloqueada nueve días después de la salida del país de Morales.
El cerco al que sus seguidores han sometido, mediante cortes de carreteras, a la capital, La Paz, ha desencadenado la escasez de combustibles y algunos alimentos.
La ONU llamó ayer a la contención a todas las partes y subrayó que la muerte de manifestantes civiles no se puede aceptar y que tiene que haber rendición de cuentas por esos casos. Amnistía Internacional urgió ayer al Gobierno a derogar el polémico decreto que exime de responsabilidad a las fuerzas del orden por sus excesos en la represión de las protestas.
