El estallido social de Chile ha conmocionado las bases del Estado y ha obligado al Gobierno a centrarse exclusivamente en buscarle una salida y dejar de lado otros compromisos. El presidente del país, Sebastián Piñera, anunció ayer "con profundo dolor" que Chile no organizará la conferencia mundial del clima prevista para diciembre (COP25), ni la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 16 y 17 de noviembre.
El mandatario explicó que ha tomado esta "difícil" decisión para centrar los esfuerzos del Gobierno en restablecer plenamente el orden público en el país -donde han muerto en choques en las calles 20 personas en las últimas dos semanas- e impulsar la agenda social propuesta para tratar de descomprimir la tensión en las calles.
Piñera, que en los primeros compases de las protestas desplegó al Ejército y declaró el estado de emergencia y el toque de queda, declaró al principio de la crisis que se encontraba "en guerra", para luego pedir "perdón" por la situación y anunciar una serie de reformas sociales que no han logrado calmar del todo los ánimos.
Los chilenos siguen mostrando su descontento en las calles con numerosas manifestaciones y disturbios, mientras la cantidad de denuncias por presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos preocupa a organizaciones como Amnistía Internacional.
La manifestación ciudadana programada para el martes -madrugada de ayer en España- pretendía ser tan masiva como la del pasado viernes, que congregó a 1,2 millones de personas en el centro de Santiago de Chile, y hacerlo esta vez frente al palacio de La Moneda (sede del Gobierno), pero la Policía impidió que las marchas llegaran al lugar.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno informó que se han registrado 3.535 detenidos y 1.132 civiles heridos, 595 de ellos por disparos (perdigones, balines de goma, bala o arma no identificada), además de actos de tortura sexual, palizas y vejaciones durante las detenciones, así como numerosos arrestos ilegales.
Las protestas en Chile comenzaron el 17 de octubre por la cuarta subida del billete de metro en pocos meses pero crecieron rápidamente para denunciar la desigualdad social.
