El culebrón político en el que ha sumido a EE UU la intención demócrata de abrir un juicio político de destitución al presidente Trump se retorció ayer en una nueva vuelta sobre sí mismo. La administración Trump ha lanzado una iniciativa de carácter penal que pretende invalidar por un vicio de raíz las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre la llamada trama rusa.
En esencia, el departamento de Justicia, dirigido por William Barr, hombre de probada fidelidad a Trump, ha abierto una investigación criminal para determinar si durante la campaña de las presidenciales de 2016 el FBI espió al equipo del candidato republicano. De ese modo, el departamento se investigaría a sí mismo, pero de resultar satisfactorias las pesquisas, sacaría a la luz elementos cuya consecuencia sería la invalidación de algunos de los fundamentos de la investigación de Mueller.
La apertura de esta investigación ha hecho saltar numerosas alarmas en Washington, ya que Barr ha demostrado en varias ocasiones que, cuando se trata de defender a Trump, no tiene demasiada consideración hacia las exigencias de independencia del departamento que dirige.
La nueva investigación ha sido considerada un contraataque de Trump después de que, el martes, William Taylor, principal diplomático estadounidense en Ucrania, declarase ante la Cámara de Representantes que el magnate condicionó un paquete de ayuda a Ucrania a que Kiev garantizase que investigaría supuestas irregularidades en el país del exvicepresidente Biden.
