Boris Johnson ya está en campaña: dispone de cinco semanas para hablar sin ser contestado por el Parlamento, cerrado por orden gubernativa hasta el 14 de octubre. El mismo Parlamento que le ha negado por dos veces el apoyo para adelantar las elecciones al 15 de octubre y le ha dado a elegir entre estas dos alternativas: o alcanza un nuevo acuerdo del "Brexit" con la UE antes del 19 de octubre o solicita una nueva prórroga (hasta el 31 de enero de 2020) para abandonar el club comunitario.
Lo primero es imposible, porque la UE rechaza de plano reabrir el Acuerdo de Retirada que firmó con Theresa May (especialmente en lo tocante a la salvaguarda irlandesa o "backstop", que Johnson insiste en eliminar). Y lo segundo, si creemos al primer ministro, más todavía, pues ya ha dejado dicho que antes preferiría estar "muerto en una cuneta", quizá previendo que, de hacerlo, sería acusado de traición por los "tories" (electorado y partido) y se suicidaría políticamente en favor del ultra Farage.
Descartadas esas dos opciones, a Johnson le quedan otras dos: dimitir o derrocarse a sí mismo (censurándose ante el Parlamento) o ignorar la ley aprobada la semana pasada que le obliga a cerrar un nuevo acuerdo o pedir una nueva prórroga.
Mortalmente dividido
Según una encuesta publicada el martes, la mitad de los votantes "tories" quiere que Johnson ignore a los Comunes y saque al Reino Unido de la UE, a las bravas, el 31 de octubre. Lo que significa que hay otra mitad que desea lo contrario y que el partido está mortalmente dividido. Como el país.
Y, si como parece, el primer ministro y su Gobierno de "leavers" piensan dar la batalla en los tribunales para desoír al Parlamento, han empezado con mal pie, porque la justicia escocesa declaró ayer ilegal su decisión de suspender las sesiones de las Cámaras hasta el 14 de octubre.
En contra del criterio del juez que el día 4 validó inicialmente la suspensión, el Tribunal de Apelación de Escocia dictaminó que el cierre parlamentario no tenía otro objeto que obstaculizar la tarea de control al Ejecutivo y carece, por tanto, de efectos jurídicos. El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre la cuestión el próximo martes 17.
En cuanto a las triquiñuelas que podrían urdir las mentes de Johnson y de su principal asesor, el rasputín Dominic Cummings, para evitar pedir la prórroga, se barajan, principalmente, dos: a) que además de una carta pidiendo a Bruselas la extensión del periodo de gracia, Downing Street envíe otra diciendo que en realidad no piensa hacer nada durante el tiempo extra (para que la UE, cabreada, no la conceda); y b) que Johnson dimita o se censure a sí mismo para que sea otro quien curse la solicitud de ese ignominioso tercer aplazamiento. La responsabilidad, entonces, recaería en el líder laborista, Jeremy Corbyn, quien también tiene la opción, si reúne apoyos suficientes, de derribar a Johnson mediante la presentación de una moción de censura.
