El Tribunal Superior de Londres desestimó ayer la demanda presentada por la empresaria Gina Miller -veterana activista contra el "Brexit"- para que anule la suspensión de las sesiones parlamentarias, desde la próxima semana hasta el 14 de octubre, dictada por el primer ministro, Boris Johnson. Los jueces autorizaron, sin embargo, a los demandantes a recurrir al Tribunal Supremo, que analizará el caso el día 17.
Junto con el ex primer ministro conservador John Major, la activista alega que es inconstitucional la inusual -por larga- suspensión de las actividades del Parlamento, una de las medidas ideadas por el líder "tory" para ejecutar la salida de la UE a cualquier precio el 31 de octubre. Con esa iniciativa, Johnson pretendía dejar a la cámara sin tiempo para articular el bloqueo de una ruptura abrupta con Bruselas. Sin embargo, la treta le ha obligado a pactar un alto precio, ya que aceleró el proceso de convergencia de la oposición que, reforzada por rebeldes conservadores, no solo ha logrado aprobar el veto al "Brexit" duro en tiempo récord sino que, además, le ha cerrado el paso a un adelanto electoral inmediato.
