El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, revertió ayer una normativa aprobada en 2018 que permitía pedir asilo a migrantes con familiares perseguidos en sus países de origen.

La decisión, que restringe la medida que señala que un migrante conseguirá asilo si demuestra que está siendo perseguido por cuestión de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, supone un nuevo golpe para aquellos migrantes que buscan asilo en EE UU.

Esta nueva medida anula una sentencia de 2018 emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración, que resolvió que un migrante mexicano cuyo padre fue blanco de un cártel de drogas podría ser elegible para el asilo. Según Barr, la Junta de Apelaciones cometió un error al estimar que la familia de un migrante contaba como un grupo social perseguido. El Gobierno está buscando activamente reducir el número de solicitudes, dado que considera que el sistema está plagado de solicitudes fraudulentas.

La cantidad de personas detenidas en la frontera entre EE UU y México ha aumentado durante el Gobierno de Trump y muchos centroamericanos han pedido refugio a pesar de que la gran mayoría de sus solicitudes son rechazadas ante los tribunales. No obstante, López Obrador, presidente de México, asegura que el flujo de migrantes ha disminuido desde que se firmó el acuerdo migratorio con EE UU el pasado mes de mayo.

De acuerdo con las cifras oficiales, hubo una reducción del 39,2% del flujo migratorio hacia EE UU, mayor que el 36,2% anunciado el pasado 22 de julio, tras la reunión en México con el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores habló también del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que pretende atacar las causas de la migración con recursos y empleo, y que ya se está implementando en Honduras y El Salvador.