Una campaña contra el fuego se ha convertido en el escándalo político del verano en Portugal, con dimisión de un alto cargo incluida, cuando todavía no se apagan los rescoldos de los últimos incendios en el centro del país y a apenas tres meses de las elecciones legislativas de octubre.
El Gobierno del socialista António Costa ha abierto una investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña Aldea Segura, Personas Seguras, que han llevado hoy a dimitir al adjunto al secretario de Protección Civil luso. La campaña se centraba en la distribución en zonas rurales de un "kit" para actuar en caso de incendio forestal que incluía una braga para el cuello fabricada con poliéster, un material altamente inflamable.
La polémica no se hizo esperar y subió de tono hasta que medios locales apuntaron supuestas prácticas corruptas en la adjudicación de la campaña que alcanzaban a Francisco José Ferreira, líder del Partido Socialista en Arouca y adjunto al secretario de Estado de Protección Civil, José Artur Neves, quien fue alcalde de este municipio del norte portugués entre 2015 y 2017.
Según informó hoy el diario luso Jornal de Noticias, la Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC) habría pagado 350.000 euros a las empresas Foxtrot Aventura (propiedad del marido de una alcaldesa de la provincia de Guimaraes, norte portugués) y Brain One, cuyos dueños tienen adjudicaciones del ayuntamiento de Arouca.
Neves ha atribuido la responsabilidad de la compra de los "kit" de la campaña la ANPC y el Ministerio de Administración Interna portugués, del que depende Protección Civil, ha abierto una investigación sobre la compra de 70.000 bragas de cuello repartidas por 1.900 municipios del país.
Los incendios que han azotado el centro de Portugal en las últimas semanas han dejado más de 8.500 hectáreas arrasadas y al menos un herido grave. En 2017, las llamas se cobraron en Portugal un centenar de víctimas en una de las mayores tragedias de los últimos años en el país.
