El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó ayer prisión incondicional para Enzo Franchini Oliveros, detenido el pasado lunes y reclamado por Venezuela por la muerte de un joven que fue apuñalado y quemado vivo durante una protestas antigubernamental en mayo de 2017.

El detenido fue arrestado en la localidad madrileña de Getafe y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. En la vista celebrada ayer el sospechoso se opuso a su entrega a Venezuela y el magistrado optó por enviarle a prisión mientras se tramita la extradición al país, cuyas autoridades tienen 40 días para entregar toda la documentación oportuna a la Audiencia Nacional. El fiscal general venezolano, Tarek Saab, informó ayer de la detención en España de este ciudadano venezolano en cumplimiento de una orden internacional de detención, cursada a través de Interpol. Saab recordó que por este "repugnante crimen de odio" Franchini Oliveros fue acusado de instigación pública, homicidio intencional calificado y terrorismo.

"Recordamos que en medio de protestas violentas, acaecidas durante abril-julio (2017) motivadas a derrocar el gobierno legítimamente constituido, manifestantes armados quemaron vivo por razones discriminatorias y violatorias a los Derechos Humanos al joven Orlando Figuera", agregó. El presidente Nicolás Maduro dijo entonces que Figuera fue "víctima de un ataque fascista, víctima de un crimen de odio, que ha conmovido a Venezuela y a la opinión pública decente del mundo".

Por otra parte, El Gobierno de EE UU sancionó ayer a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (Dgcim) por el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto mientras estaba bajo custodia de esa agencia venezolana. El secretario del Tesoro Steven Mnuchin declaró que "el arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Acosta fue injustificada e inaceptable". Como resultado de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, quedan congeladas todas las propiedades que la Dgcim bajo jurisdicción estadounidense y, además, se les prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en EE UU.