Al menos 44 migrantes murieron y más de 130 resultaron heridos en un bombardeo que afectó a un centro de detención de Tajura, en el sur de la capital libia, Trípoli, del que el Gobierno de unidad que sostiene la ONU culpó a las tropas al mando del mariscal Jalifa Hafter. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el ataque, que advirtió que puede ser considerado un crimen de guerra.

En Italia, la fiscalía de Agrigento, en Sicilia, rechazó firmar el decreto de expulsión dictado contra la capitana del barco de la ONG alemana Sea Watch, Carola Rackete, por el ministro del Interior, Matteo Salvini, después de que esta quedara en libertad, en tanto no declare en el marco de la investigación abierta por el delito de favorecer la inmigración.