La UE y Canadá anunciaron ayer que no reconocerán las sentencias que puedan dictarse en EE UU contra intereses europeos o canadienses en Cuba, después de que Washington haya decidido reactivar la ley que permite llevar a los tribunales de ese país a empresas extranjeras que operan en la isla.

"La Unión Europea y Canadá consideran que la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales en Cuba es contraria al Derecho internacional, por lo que están determinados a trabajar juntos para proteger los intereses de sus compañías", se expresa en el anuncio conjunto.

Tal y como se había adelantado el martes, el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, anunció ayer que desde el próximo 2 de mayo EE UU permitirá que se presenten demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios con bienes confiscados a ciudadanos estadounidenses por el Gobierno cubano tras la Revolución de 1959.

Pompeo se apoya en el título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, que da a los estadounidenses el derecho a demandar a empresas de todo el mundo que se lucren con bienes confiscados por las autoridades 'castristas'. Hasta ahora, todos los Gobiernos de EE UU habían dejado sin efecto esta cláusula.