Los casi siete años de encierro de Julian Assange, el fundador del portal de filtraciones Wikileaks, en la Embajada de Ecuador en Londres terminaron ayer cuando la policía británica lo detuvo. EE UU reclama al hácker australiano, de 47 años, por los cientos de miles de documentos secretos que aireó WikiLeaks y le acusa de cargos que pueden costarle cinco años de cárcel. La justicia británica le pide hasta otro año de prisión por violar en 2012 su libertad condicional en el Reino Unido.
El informático australiano, detenido después de que Ecuador le retirase el asilo político, emergió de su largo encierro con su pelo cano recogido, una larga y descuidada barba y aferrado a un libro de Gore Vidal. Assange salió esposado de la legación una hora después de que la Policía accediese al edificio. Según relataron las acusaciones durante la vista judicial que se celebró por la tarde sobre su libertad condicional, el australiano se resistió con insistencia a su detención.
En la vista el juez lo declaró culpable de no presentarse ante la justicia hace siete años, cuando se encontraba en libertad condicional en Reino Unido y debía responder por unos supuestos delitos sexuales cometidos en Suecia. La fiscalía sueca, que acabó cerrando el caso, no descartó ayer reabrirlo. Otro magistrado británico determinará la sentencia definitiva que deberá cumplir en Reino Unido. Assange comparecerá de nuevo el 2 de mayo ante la justicia, esta vez por videoconferencia desde prisión, para iniciar el proceso sobre su extradición a EE UU.
El embajador ecuatoriano en Londres, Jaime Marchán, afirmó que Assange era "continuamente un problema" para Ecuador, que también le ha revocado la nacionalidad que le concedió a finales de 2017. El destino de Assange se torció cuando en 2017 el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, su protector, fue relevado en las urnas por Lenín Moreno, próximo a EE UU.
La relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, expresó su temor a que Assange sufra ahora "graves violaciones de los Derechos Humanos". El coordinador de su defensa jurídica, Baltasar Garzón, consideró que si es extraditado a EE UU puede ser condenado a muerte o sufrir torturas como las que padeció una de las personas que filtró documentos a Wikileaks, Chelsea Manning.
