La Fiscalía General israelí anunció ayer la imputación del primer ministro, Benjamin Netanyahu, por corrupción, tras más de dos años de investigaciones y cuando faltan seis semanas para las elecciones legislativas del próximo 9 de abril.

A Netanyahu, en el cargo desde 2009, se le acusa de delitos de cohecho, fraude, ruptura de la confianza en un caso de corrupción y por los dos últimos cargos en otros dos casos. La imputación final no tendrá lugar hasta que se celebre una vista, en la que el acusado puede argumentar contra el análisis legal o las pruebas y presentar argumentos en su defensa, y que podría retrasarse varios meses o incluso un año.

El cargo más grave, el de cohecho, junto con fraude y ruptura de la confianza es por el denominado "caso 4000" o "caso Bezeq", en el que se investiga si Netanyahu hizo favores al gigante de telefonía Bezeq a cambio de cobertura favorable de él y su mujer Sara en un popular digital de noticias controlado por el mismo empresario, Shaul Elovitch.

La decisión del fiscal general, Avijai Mandelblit, podría influir en los resultados de las elecciones, por lo que el partido de Netanyahu, el derechista Likud, recurrió ayer mismo al Supremo para pedirle que retrase el anuncio al considerar que afectará "de forma injusta" las perspectivas de reelección de su líder, quien, con todo, prometió a sus fieles que seguirá "sirviendo como primer ministro muchos, muchos años".