El presidente venezolano, el chavista Nicolás Maduro, juró ayer su cargo para un segundo mandato que debería extenderse hasta 2025. Tan solo cinco presidentes -los de Bolivia, Nicaragua, Cuba, El Salvador y la prorrusa Osetia del Sur (no reconocida por la ONU)- asistieron a una toma de posesión marcada por el boicot de buena parte de la comunidad internacional, con EE UU, la UE y la mayoría de los países latinoamericanos a la cabeza.
Maduro, que preside un país hundido en la ruina económica, fue reelegido el pasado 20 de mayo en unos comicios boicoteados por la oposición y caracterizados por una elevada abstención -oscilante entre el 54% estimado por el Gobierno y el 73% denunciado por los opositores- en los que obtuvo un respaldo del 67,8%.
Como expresión del rechazo a su nombramiento, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que acordó "no reconocer la legitimidad" del segundo mandato de Maduro, que estima resultante de "un proceso electoral ilegítimo, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático".
La OEA, espoleada por EE UU, llama a "nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana y con presencia de observadores internacionales". Además, insta a "un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos" para "alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables" para el nuevo proceso electoral.
La resolución se vio reforzada por una declaración del Gobierno de Estados Unidos en la que su consejero de Seguridad Nacional, el "halcón" John Bolton, anunció que "EE UU no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro".
En respuesta, Maduro reivindicó la legitimidad de su victoria electoral. "Venezuela es una democracia", afirmó, añadiendo que se trata de "una democracia de nuevo tipo, protagónica y participativa", porque se basa en el "pueblo" y no en las "élites".
El presidente venezolano, que pidió a la Unión Europea el final de sus "agresiones intolerantes y racistas", reconoció el mal momento económico que atraviesa el país y lo atribuyó a la "guerra" económica y mediática que EE UU y sus "estados satélites" han desatado contra los "gobiernos progresistas". Horas antes de su jura, Maduro amenazó con "acciones radicales" a la opositora Asamblea Nacional, a la que tachó de "burguesa". El líder chavista se mostró partidario de la disolución de la cámara legislativa opositora si así lo decide la Asamblea Nacional Constituyente, el legislativo paralelo chavista de carácter corporativo.
