La Comisión Europea dio ayer un ultimátum a Polonia por sus polémicas reformas judiciales. El Ejecutivo comunitario concedió a Varsovia el plazo de un mes para adoptar "las medidas necesarias" para dar marcha atrás, en este caso, en su nueva Ley del Tribunal Supremo, lo que supone un nuevo paso en el procedimiento de infracción contra este país abierto por Bruselas el pasado 2 de julio.
El Ejecutivo europeo estima que la ley polaca del Tribunal Supremo, que reduce la edad de jubilación de los jueces de dicha corte de 70 a 65 años -situando a 27 de ellos en riesgo de ser obligados a dimitir-, es "incompatible con la legislación de la Unión Europea dado que socava el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces".
Si el Gobierno polaco no adopta las medidas exigidas, la Comisión podrá llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, corte ante la que ya denunció a Polonia en diciembre por su reforma de los tribunales ordinarios. Además, un incumplimiento por parte de Varsovia podría culminar en la activación del artículo 7 de los Tratados europeos, que privaría a Polonia de su derecho a voto en el Consejo Europeo.
