Varias organizaciones cívicas rumanas convocaron ayer, por tercera jornada consecutiva, una protesta contra el Gobierno en la capital, Bucarest, después de la violenta intervención policial que el viernes dejó 420 manifestantes heridos. "No cedamos; no después de que el PSD (el gubernamental Partido Socialdemócrata) haya utilizado el aparato de represión contra sus propios ciudadanos", anunciaron esas asociaciones en Facebook, en alusión a los más de 450 heridos, 30 de ellos agentes, que dejó la intervención policial del viernes. En esa protesta, unas 110.000 personas se reunieron ante la sede del Gobierno para denunciar la corrupción y las malas condiciones de vida, y reclamar la dimisión de la cúpula del PSD y del Gobierno.
Las protestas se reprodujeron el sábado, cuando 40.000 personas se manifestaron en rechazo de la violencia policial del viernes. El presidente de Rumanía, el conservador Klaus Iohannis, criticó la "brutal manera de proceder" de la Policía contra los manifestantes y acusó al PSD de conducir al país hacia el caos.
En la protesta del sábado, los manifestantes protestaron por la brutalidad policial, pero también contra la corrupción, además de pedir la dimisión de la primera ministra, la socialdemócrata Viorica Dancila, a la que califican de marioneta del presidente de su partido, Liviu Dragnea.
Dragnea está considerado como el verdadero hombre fuerte de Rumanía, aunque no puede ser investido como jefe del Ejecutivo al haber sido condenado en 2016 por fraude electoral.
El Gobierno de coalición, liderado por el PDS, ha tomado en los últimos años varias medidas polémicas que, según sus opositores, dificultan la lucha contra la corrupción, y que ya han provocado distintas oleadas de protestas. En febrero de 2017 se produjo la mayor desde la caída del comunismo, en 1989, por el intento del Ejecutivo de despenalizar ciertos delitos de corrupción.
