La Asamblea Nacional venezolana, el Parlamento en el que la oposición al chavismo ostenta una mayoría absoluta desde las elecciones parlamentarias de 2015, cuestionó ayer el presunto atentado que sufrió hace justo una semana el presidente, Nicolás Maduro, y acusó a su Gobierno de estar destruyendo las supuestas evidencias del ataque, que dejó un total de siete heridos.
En una sesión extraordinaria, a la que asistieron representantes diplomáticos de varios países, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, denunció que el Gobierno de Maduro ha restaurado el lugar donde estalló uno de los drones que fueron empleados en el atentado.
"¿Por qué mandaron a Misión Vivienda (un programa social) a tapar el hueco que supuestamente abrió el supuesto dron ese que volaron? ¿Por qué? ¿Por qué taparlo con recursos del Estado? ¿Por qué destruir evidencias de la investigación? ¿Es que no quieren que sepamos lo que ocurrió el sábado?", preguntó la diputada, advirtiendo además que este procedimiento viola el artículo 34 de la Ley del Servicio de Policía, que obliga a las fuerzas de seguridad a mantener intactos aquellos lugares donde hayan sucedido hechos delictivos para impedir la destrucción de pruebas.
El Parlamento calificó también la detención el pasado martes del diputado Juan Requesens como una "desaparición forzada", y denunció que la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento paralelo controlado íntegramente por el chavismo y no reconocido por buena parte de la comunidad internacional, no tenía potestad para anular su inmunidad parlamentaria. Tampoco la del expresidente del Parlamento, Julio Borges, actualmente exiliado en Colombia y sobre el que ya pesa una orden de extradición.
El partido opositor Primero Justicia denunció además que el servicio de inteligencia venezolano entró por la fuerza en los domicilios de Requesens y Borges y los registró "sin orden de allanamiento y sin presencia de abogados".
Según fuentes oficiales, Requesens habría confesado bajo arresto haber tenido contacto con uno de los implicados en el atentado contra Maduro. Su familia, en cambio, acusó al servicio de inteligencia de dejar pruebas falsas en su casa. Del mismo modo, Borges aseguró que cualquier cosa que las fuerzas de seguridad encontrasen en su casa sería un montaje.
Por todo ello, la cámara opositora anunció la denuncia del caso de ambos diputados ante la OEA, tras haberlo notificado ya a la Unión Interparlamentaria Mundial y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
