La presidenta del Tribunal Supremo polaco, Malgorzata Gersdorf, desafió ayer al Gobierno y acudió a trabajar, violando la reforma del órgano judicial que entraba en vigor y que fuerza su renuncia y la de más de un tercio de los magistrados de esta corte.

"He venido para defender la legalidad", declaró Gersdorf ante la sede del tribunal.

La magistrada, que considera inconstitucional la reforma emprendida por el Ejecutivo ultraconservador del partido Ley y Justicia, llegó arropada por una multitud de manifestantes en el marco de una nueva jornada de protestas organizada en Varsovia por la oposición al Gobierno en defensa de los jueces del Tribunal Supremo.

La nueva ley, que rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, obliga a retirarse a 27 de los 72 magistrados que componen este órgano, incluida la propia Gersdorf, y ya provocó, meses atrás, la activación del artículo 7 del Tratado Europeo contra Polonia por parte de la Comisión Europea, que entiende esta reforma como un ataque a la división de poderes y el Estado de Derecho.

Según sus "tradiciones"

Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendió ayer ante la Eurocámara el derecho de cada país a configurar su sistema judicial "según sus tradiciones". Morawiecki resaltó el carácter constitucional de esta reforma, asegurando que la estructura judicial de Polonia no ha cambiado desde el comunismo, por lo que esta reforma es necesaria para "eliminar definitivamente al comunismo de las instituciones polacas".

Paralelamente, el primer ministro polaco también pidió reducir el "antiamericanismo" en Europa, en un claro gesto de acercamiento al presidente estadounidense, Donald Trump.

Por otra parte, Rumanía aprobó ayer otra polémica propuesta de su Gobierno para despenalizar parcialmente el delito de abuso de poder. Esta reforma penal, que implicaría la no consideración como delito si no se logra probar que el servidor público investigado ha actuado en su propio beneficio o en el de sus parientes directos, beneficiaría al líder del gobernante Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea.