La resolución que ayer de madrugada dio luz verde al encarcelamiento del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva dejó abierta una rendija que en unos meses podría devolverle su libertad en caso de ser encarcelado para cumplir su condena de doce años de cárcel por corrupción.

La magistrada Rosa Weber, cuyo voto estuvo en duda hasta el último momento y que, al final, votó contra Lula, precisó que podría revisar su decisión si en un futuro se analiza la cuestión desde una óptica general que beneficiase a todos los condenados en la misma situación de Lula.

Weber se hacía así eco de la petición hecha hace dos meses por organizaciones de derechos civiles afines a Lula, que pidieron al Tribunal Supremo que revisara la validez de encarcelar a cualquier condenado en segunda instancia, sin esperar a que agote el ciclo de cuatro instancias previsto en el derecho brasileño. La presidenta del Supremo, Carmen Lucia Antunes, contraria a Lula, no ha abordado todavía esa discusión ni parece que vaya a hacerlo en los próximos meses.

En el tenso debate de la madrugada de ayer dos magistrados favorables a Lula recriminaron a Antunes por haber rehuido ese debate y afirmaron que el resultado de la votación habría sido otro si el asunto se hubiera tratado de modo general, sin limitarse al caso específico del exmandatario.

Uno de estos dos magistrados expresó su convencimiento de que el debate sobre el encarcelamiento en segunda instancia se reabrirá cuando Antunes concluya su mandato en septiembre próximo y sea remplazada por José Antonio Dias, favorable a esa revisión.

De ese modo, analistas jurídicos consideran que la decisión que mantiene la segunda instancia como el límite para un encarcelamiento sería derrumbada si prosperan ahora las presiones contra Antunes o, en su defecto, una vez que Dias Toffoli asuma la presidencia del tribunal.

Si así fuera, podrían beneficiarse tanto Lula como otros 77 políticos y empresarios que están ya en prisión por su participación en las redes de corrupción montadas en torno a la empresa Petrobras, y que solo volverían a la cárcel una vez agotados todos los recursos. En medios políticos se asegura que esa solución sería respaldada por casi todos los partidos, ya que en su mayoría están implicados en la trama petrolera.