Las regiones italianas de Lombardía y Véneto dieron ayer por iniciada "la partida" con el Gobierno central, al que reclamarán competencias, pero sobre todo recursos, tras las consultas de las que salió un abrumador respaldo a la ampliación de sus atribuciones políticas.

Ambos territorios, de los más ricos del país, celebraron el domingo dos referendos consultivos y no vinculantes para conseguir consenso popular y pedir a Roma la apertura de una negociación para obtener una mayor autonomía, una solicitud amparada por la Constitución. Por eso la participación era crucial: en Lombardía, sin un quórum prefijado, votó el 38,26 por ciento del censo, un 95,29 por ciento a favor, y en Véneto, donde se requería superar la mitad más uno de los votos, se alcanzó una afluencia del 57,2 por ciento, con un 98,1 por ciento de síes.

Los datos fueron motivo de celebración para la xenófoba Liga Norte (LN), que controla los gobiernos de estas regiones, encargados de convocar las consultas, y su secretario general, Matteo Salvini, espoleó ayer a los gobernadores para urgir a la apertura de la negociación.

El presidente de Lombardía, Roberto Maroni, anunció ayer que tras una "cordial" conversación telefónica con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, hay "vía libre" para comenzar el debate sobre la adquisición de más competencias. Maroni reclamará más poder en ámbitos como la seguridad, la sanidad, la educación o la inmigración, que engloban la lista de una veintena de campos sobre los que la Carta Magna permite debatir. Pero sobre todo se hablará de finanzas públicas, ya que su deseo es reducir el déficit fiscal y retener al menos la mitad de los impuestos que pagan al Estado, unos 27.000 millones de euros, por lo que, dijo, a la mesa se sentará también el Ministerio de Economía.

El gobernador del Véneto, Luca Zaia, se presentó eufórico ante los medios, al haber logrado superar el umbral de participación, y expresó su deseo de sentarse a hablar con el Gobierno antes de que termine este año. Como su colega lombardo, reclamará una veintena de competencias y reiteró su deseo de quedarse con el 90 por ciento de los impuestos que se pagan para reducir el déficit fiscal, de casi 18.000 millones de euros.