El heredero y máximo responsable de Samsung, Lee Jae-yong, fue condenado ayer a cinco años de prisión por corrupción debido a su implicación en el caso "Rasputina", un escándalo que ha conmocionado los cimientos de la política surcoreana y ha dejado sin cabeza al mayor conglomerado empresarial del país.
La justicia surcoreana halló culpable a Lee, de 49 años, de sobornar a la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, con el objetivo de obtener favores por parte del Gobierno en su consolidación como jefe del grupo Samsung.
En concreto, Lee autorizó el desvío de 43.000 millones de wones (32,3 millones de euros) a fundaciones bajo control de Choi Soon-sil, conocida como la "Rasputina" por su amistad y su poder sobre la expresidenta Park, a cambio de que el fondo público de pensiones autorizara en 2015 la fusión de dos filiales de Samsung. Dicha operación reforzó el control de Lee sobre su conglomerado empresarial.
Además, dentro de esa cantidad se hallarían 7.200 millones de wones (5,4 millones de euros) para la financiación del programa de equitación en Alemania de la hija de Choi, Chung Yoo-ra, que Samsung efectuó con el conocimiento de Lee, según consideró el tribunal.
El heredero del conglomerado Samsung, que representa ni más ni menos que el 20% del PIB de Corea del Sur, fue hallado también culpable en el ya conocido como "el juicio del siglo" de malversar 6.400 millones de wones (4,8 millones euros), de ocultar activos en el extranjero y de perjurio, por haber dado varias versiones distintas en sus comparecencias. Un duro golpe tanto para la imagen de Samsung como para sus perspectivas de futuro.
Se trata del mayor escándalo de corrupción en la historia de Corea del Sur. Durante meses, sacó a la calle a los surcoreanos en manifestaciones masivas y provocó la primera destitución de un presidente surcoreano en democracia, así como su envío a prisión provisional a la espera del desenlace de este juicio.
Se considera que Choi, con la connivencia de la presidenta Park, creó una red de corrupción que involucraba tanto a la propia presidenta y a miembros de su Gobierno como a los principales grupos empresariales del país.
