El Gobierno de Emmanuel Macron dio ayer a conocer las medidas extraordinarias tomadas en el marco del estado de emergencia, vigente en Francia desde noviembre de 2015, que quiere incorporar a la ley ordinaria. Se trata de medidas que forman parte de un proyecto de ley antiterrorista que ha levantado muchos recelos entre quienes temen que la ganancia en seguridad sea a costa de la pérdida de libertades.

Sin embargo, ante el carácter "duradero" de la amenaza terrorista que sufre Francia, el Ejecutivo cree inexcusable endurecer la ley para prevenir atentados como los que han causado 240 muertos desde enero de 2015.

Antes de nada, el Gobierno francés confirmó que pedirá permiso al Parlamento para prolongar el estado de emergencia hasta el próximo 1 de noviembre. Una decisión que "no es banal", porque "han sido varios los atentados desactivados desde el comienzo de año, uno de ellos una gran acción terrorista planeada en Marsella", se justifica el Ejecutivo en un comunicado.

Sin embargo, el gabinete reconoce que el estado de emergencia, que incluye varias restricciones a las libertades y que afecta a sectores como el turismo, no puede prolongarse "indefinidamente", de ahí que el Ejecutivo quiera apresurarse a trasponer al derecho común algunas de las medidas extraordinarias que contiene.

Entre ellas, la instauración de perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados (como grandes festivales o las salidas y llegadas del Tour de Francia), decretados por los prefectos (delegados del Gobierno). Los prefectos también podrán ordenar el cierre por un máximo de seis meses de los centros religiosos en los que se profieran discursos que inciten a la comisión de actos terroristas y a la violencia o la ensalcen.

Se va a adaptar el derecho francés a dispositivos europeos, como el registro de pasajeros aéreos (PNR), las escuchas a través de ondas hertzianas o el reforzamiento del control de las fronteras y de los alrededores de estaciones de tren.