Temer descarta dimitir tras la decisión del Supremo de investigarle por corrupción
Pide las grabaciones que le incriminan
E.P. | Brasilia
El Tribunal Supremo de Brasil aprobó ayer la apertura de una investigación contra el presidente del país, Michel Temer, después de que se difundiera una grabación en la que éste autoriza un pago al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha para comprar su silencio.
El mandatario brasileño negó las acusaciones de obstrucción a la justicia y corrupción. "No dimitiré, sé lo que hice", alegó Temer en una comparecencia en la que reclamó una investigación exhaustiva y rápida sobre las sospechas que se ciernen sobre él.
El diario 'O Globo' informó el miércoles por la noche de que Temer se reunió en marzo con Joesley Batista, el presidente de la empresa cárnica JBS SA, que creció rápidamente en los trece años en que el Partido de los Trabajadores estuvo al frente del Gobierno, en parte gracias a los créditos a bajo coste concedidos por el banco nacional de desarrollo.
Batista grabó una conversación en la que supuestamente discutía con Temer sobre la realización de unos pagos ilegales al encarcelado expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, también miembro del PMDB, para convencerle de que no testificara en un caso de corrupción. Tres personas con conocimiento directo de la investigación han dicho que la información de 'O Globo' es cierta.
El Gobierno ya solicitó al Tribunal Supremo las grabaciones íntegras y Temer insistió en que no tiene nada que ocultar. En este sentido, aseguró que nunca permitió que nadie efectuarse pagos en su nombre a Cunha.
Estas acusaciones son la última parte de una investigación desarrollada desde hace tres años sobre los sobornos pagados por las principales empresas constructoras de Brasil para conseguir contratos con la estatal Petrobras y con otras firmas públicas.
Temer asumió el mando del país sudamericano a finales de agosto de 2016, después de que la anterior presidenta, Dilma Rousseff, fuese apartada del cargo por el Parlamento por irregularidades presupuestarias.
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