Al menos 68 menores se encuentran entre las que son ya 126 víctimas mortales del atentado perpetrado ayer contra un convoy de evacuados civiles que se encontraba bloqueado cerca de la ciudad siria de Alepo y del que el Gobierno sirio responsabiliza a los rebeldes apoyados por Estados Unidos, que han negado toda participación.

Otros 13 fallecidos eran civiles mayores de edad y el resto combatientes que resguardaban el convoy de más de 5.000 residentes de las ciudades de Al Fua y Kefraya, bajo control insurgente, que se dirigían a Alepo, territorio del Gobierno, dentro de un programa de intercambio de evacuados entre Gobierno y rebeldes, que había quedado paralizado horas antes del atentado.

Dado este último balance, proporcionado por la red de activistas del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el de ayer se trata del peor ataque de este tipo ocurrido en Siria en casi un año. La ONG precisó que entre los fallecidos hay 98 vecinos de Fua y Kefraya y varios voluntarios de la Media Luna Roja Siria, que estaban facilitando el proceso de evacuación.

La fuente no descartó que el número de muertos aumente porque hay decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad.

El atentado se produjo cuando los autobuses con evacuados de Fua y Kefraya, dos pueblos de mayoría chií de la provincia de Idleb (noroeste), esperaban en el paso de Al Rashidín para cruzar a las áreas bajo el control de las autoridades en Alepo.

Según han declarado fuentes sirias a la televisión libanesa Al Mayadeen, el atentado fue perpetrado por un terrorista suicida al volante de "un vehículo con tracción a las cuatro ruedas" que comenzó a atraer a los miles de evacuados, sobre todo a los niños, con alimentos infantiles en el maletero del vehículo, "cargado con una tonelada de explosivos".

Por el momento, ninguna organización ha reivindicado este ataque.

Estas mismas fuentes apuntan que la ejecución del atentado invita a pensar en la participación de un grupo rebelde por varios motivos. "La zona de Rashidin, donde ha sucedido el ataque, está ocupada por la oposición siria que financian las potencias occidentales y las monarquías árabes", según estas fuentes.

Por contra, el grupo rebelde Ahrar al Sham, uno de los principales negociadores del acuerdo de evacuación con las autoridades sirias, ha negado toda responsabilidad en el "cobarde ataque" que "sirve a las políticas sectarias del régimen sirio".

"Este ataque va contra los principios del Islam y sirve a las políticas sectarias de un régimen que, como beneficiado de este ataque, intenta encubrir las masacres de Ghouta y Jan Shaijún", según un comunicado colgado por el grupo en su cuenta de Twitter, donde hace referencia a dos ataques químicos de los que se responsabiliza a las autoridades sirias.

Fua y Kefraya está asediados por varias facciones islámicas, entre las que figura el Organismo de Liberación del Levante, exfilial de Al Qaeda, que dominan casi toda Idleb.

La evacuación de civiles y combatientes de ambas localidades se está llevando a cabo en virtud de un acuerdo alcanzado en marzo entre el grupo chií libanés Hizbulá e Irán, aliados de Damasco, y la facción siria Ejército de la Conquista, y que fue auspiciado por Catar.

El pacto incluye también una evacuación similar de civiles y milicianos de las poblaciones de Madaya y Al Zabadani, al noroeste de Damasco y rodeadas por los leales al presidente Bachar al Asad.