Con su decreto de veto a la inmigración islámica congelado por la justicia, el presidente de EE UU, Donald Trump, ha puesto el foco en los indocumentados que ya están dentro. Dos directivas del departamento de Seguridad Nacional, dirigido por el general John Kelly, dejaron ayer abierta la puerta a una expulsión masiva de indocumentados. Las directivas, que implican la contratación de 15.000 agentes, desarrollan decretos firmados por Trump el 25 de enero.

"Todos aquellos que hayan violado las leyes de inmigración pueden ser objeto de un proceso oficial que puede llegar hasta la expulsión de EE UU", rezan las directivas. Las nuevas leyes permiten la deportación de los indocumentados que hayan cometido cualquier infracción, lo que implica que, por ejemplo, circular en un automóvil con un faro roto puede ser causa de expulsión. Hasta ahora sólo se podía expulsar a los indocumentados condenados por delitos violentos.

El pasado día 12, coincidiendo con la suspensión del veto islámico, las asociaciones de defensa de los inmigrantes ya informaron de una intensificación de las medidas de deportación en los días precedentes. Los Angeles, Nueva York, Chicago o Austin (Texas) fueron las ciudades donde la actividad policial fue más intensa.

Con las nuevas normas también podrán ser devueltos todos los indocumentados que lleven menos de dos años en el país, localizados en cualquier zona de EE UU. La normativa vigente hasta la actualidad solo aplicaba este punto a las personas con menos de dos semanas de estancia en territorio estadounidense y que hubieran sido localizados a menos de cien millas (165 kilómetros) de una frontera.

En última instancia, las directivas firmadas por Kelly, un general con amplia experiencia en Latinoamérica, dejan a la apreciación de los agentes de inmigración el grado de peligro que un indocumentado plantea para el orden público y para la seguridad nacional

De la normativa firmada ayer sólo quedan excluidos los llamados "soñadores" ("dreamers"), unas 750.000 personas llevadas por sus padres ilegalmente a EE UU cuando eran menores. Los "soñadores" estaban protegidos por el Programa de Acción Diferida (DACA) del presidente Obama, que sigue vigente.

Para aplicar la política de expulsiones masivas, las fuerzas migratorias se reforzarán con 15.000 efectivos: 10.000 agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más para la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).

En paralelo a estas normas, Kelley ha ordenado a la CBP que "inmediatamente comience a planear, diseñar, construir y mantener" el muro con México, empleando materiales estadounidenses hasta donde permita la ley. Trump quiere empezar el Muro en los enclaves fronterizos de El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California), que lindan con las ciudades mexicanas de Ciudad Juárez (Chihuahua), Nogales (Sonora) y Mexicali (Baja California).