Después de un fin de semana marcado por los enfrentamientos con la prensa y la resaca de la megamanifestación del sábado en Washington, el nuevo presidente de EE UU, Donald Trump, firmó ayer varios decretos (órdenes ejecutivas) importantes. El más contundente fue el que sanciona la salida del acuerdo de libre comercio del Pacífico (TPP), conocido habitualmente como Transpacífico, firmado en 2015 y que todavía no ha entrado en vigor, por estar en fase de ratificación.

El acuerdo, impulsado por la administración Obama para contrarrestar la pujanza comercial china en el área, agrupa a 12 países que representan casi el 40% de la economía mundial: Australia, Brunei, Canadá, Chile, EE UU, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Varias ONG habían denunciado que el pacto comercial tiene normas muy opacas sobre trabajadores y medio ambiente, además de violar leyes de algunos de los países firmantes.

"Hemos estado hablando sobre esto durante mucho tiempo", dijo Trump tras firmar el decreto en presencia del vicepresidente, Mike Pence; su jefe de gabinete, Reince Priebus, y dos de sus más próximos asesores: su jefe de estrategia, Steve Bannon, y Jared Kushner, yerno de Trump, que ejerce como alto consejero. La retirada del país del TPP es "una gran cosa para los trabajadores estadounidenses", declaró Trump

Aunque se había adelantado que Trump también firmaría ayer un decreto para poner en marcha la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hasta anoche esta iniciativa no había sido anunciada. Sí lo fue, sin embargo, la firma de otro decreto por el que Trump congela las contrataciones en todos los departamentos y agencias gubernamentales, con la excepción de las Fuerzas Armadas.

En paralelo, Trump hizo un relevante anuncio, aunque con imprecisión, tras reunirse en la Casa Blanca con ejecutivos de corporaciones como Lockheed Martin, Ford y Tesla: la rebaja de impuestos a empresas y particulares -hasta el 15% o el 20%, dijo, desde el 35% actual- y la supresión de hasta un 75% de la normativa reguladora, "o quizá más". Para Trump, el problema es que, con las normas actuales, "uno no puede hacer nada". "Lleva años y años construir una fabrica", dijo.

Mientras Trump empezaba a firmar, sus enemigos daban los primeros pasos para conseguir, en algún momento, su revocación ("impeachment"). La organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington presentó en Nueva York una demanda en la que lo acusa de violar la Constitución por recibir pagos de otros gobiernos a través de los negocios inmobiliarios que posee en el extranjero.

Según los demandantes, las propiedades inmobiliarias que tiene Trump han creado "incontables conflictos de intereses" y "una influencia sin precedentes por parte de gobiernos extranjeros", lo que representa una "grave amenaza" a EE UU y viola la cláusula constitucional que prohíbe a los funcionarios cobrar de otros gobiernos. Entre las remuneraciones especiales que denuncian figura el alquiler de locales en la Torre Trump a un banco público chino y a la oficina de turismo de Abu Dhabi.

En el exterior, China respondió a las proclamas aislacionistas y proteccionistas de Trump en su discurso de investidura advirtiendo que puede verse obligada a asumir el liderazgo mundial si Washington da el paso atrás sintetizado en la frase "Primero EE UU". El anuncio lo hizo en el Foro de Davos un alto representante del ministerio de Exteriores chino, quien presentó a su país como el líder de un mundo globalizado basado en la cooperación internacional.