El Gobierno británico considera "muy probable" que el Parlamento deba ratificar el acuerdo que se alcance con Bruselas sobre el "Brexit", aunque no cree que sea necesario que la Cámara de los Comunes se pronuncie antes de que el proceso comience, lo que no ocurrirá hasta marzo del año próximo.
Así lo expuso ayer ante el Tribunal Superior de Londres James Eadie, uno de los abogados que defiende la posición del Ejecutivo. El proceso lo han iniciado varios ciudadanos británicos que quieren forzar una votación en la Cámara baja antes de que el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará la ruptura con el bloque comunitario, sea activado.
De hecho, lo que el tribunal analiza estos días es qué institución debe hacerlo.
Eadie sostuvo, en la tercera y última vista del proceso, que la activación del artículo 50 significa "dar el pistoletazo de salida" al proceso para abandonar la UE, pero no modifica los derechos de los ciudadanos británicos.
En cambio, los letrados que rebaten la postura del Ejecutivo de Theresa May argumentan que invocar el artículo 50 supone revocar automáticamente una serie de derechos, para lo cual creen necesario que el Parlamento vote.
Para Eadie, en cambio, la prerrogativa real que permite al Gobierno ejecutar decisiones en nombre de la soberana británica, Isabel II, es suficiente para comunicar a Bruselas la intención de dejar el bloque, aunque la separación efectiva de la UE sí podría requerir una votación.
Entre tanto, el eurodiputado Steven Woolfe, uno de los aspirantes a liderar el eurófobo Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), anunció ayer su intención de dejar el partido tras ser hospitalizado a raíz de un altercado con un compañero durante una reunión de la formación en Estrasburgo a principios de octubre. Woolfe dijo en un comunicado que el UKIP resulta "ingobernable" sin Nigel Farage, que renunció a la dirección tras el referéndum sobre el "Brexit" celebrado el pasado 23 de junio.
