El Gobierno sueco prevé expulsar del país en los próximos meses a unos 80.000 peticionarios de asilo, por no cumplir las condiciones exigidas. Suecia, que ayer recibió el visto bueno de la Comisión Europea, para aplicar la medida, recibió alrededor de 163.000 solicitudes de asilo en 2015.
La cifra de expulsiones previstas fue anunciada por el ministro sueco de Interior, Anders Ygeman, quien ha transmitido a las autoridades migratorias y a la Policía la necesidad de prepararse para un "reto muy grande". "En la medida en la que hemos recibido a muchos solicitantes de asilo en Suecia, también aumentará la cifra de quienes vean rechazadas sus peticiones. Si la actual frecuencia se mantiene, se trataría de entre 60.000 y 80.000 personas", dijo Ygeman.
Dado que el tiempo medio de resolución de una solicitud fue en 2015 de 229 días y que más de las dos terceras partes de las peticiones fueron presentadas a partir del pasado otoño, Ygeman admitió que el gran aumento en las expulsiones no se producirá "probablemente" hasta principios del próximo año.
El gran número de personas que se arriesgan a ser expulsadas podría hacer que el minoritario Gobierno de coalición entre socialdemócratas y ecologistas recurra a aviones chárter para las deportaciones, en vez de los vuelos regulares usados hasta ahora. El Gobierno sueco negocia además con varios países acuerdos para que estos acepten las deportaciones de sus nacionales, entre ellos Marruecos y Afganistán, aunque admite dificultades. De los 163.000 solicitantes recibidos por Suecia en 2015, el 32% procedía de Siria, el 26% de Afganistán y el 13% de Irak.
La explosión en el número de refugiados producida el pasado otoño colocó al borde del colapso al sistema de acogida sueco e hizo que el Gobierno, presionado por la oposición de centroderecha, diera un giro sustancial a su política de asilo, que hasta entonces era una de las más generosas de la UE.
El Gobierno sueco introdujo en noviembre pasado controles fronterizos provisionales -complementados desde enero con controles de identidad en transportes de pasajeros desde Dinamarca-, eliminó permisos permanentes a refugiados y limitó la reagrupación familiar. Las medidas provocaron un descenso sensible en la llegada de solicitantes.
En la vecina Finlandia, el Gobierno calculó, por su parte, que expulsará del país a cerca de 20.000 de las 32.476 personas que solicitaron asilo en 2015, ya que, alegó, no cumplen los requisitos para obtener el estatus de refugiado. Esta cifra supone alrededor del 62% de todas las solicitudes recibidas el pasado año, ejercicio en el que llegaron al país nueve veces más refugiados que en 2014.
Entre tanto, en Alemania los tres partidos de la gran coalición que dirige la canciller, Angela Merkel, envueltos en un clima de creciente tensión desde hace semanas, acordaron suspender durante dos años el derecho a la reagrupación familiar de determinados refugiados. La medida se aplicará a los solicitantes de asilo que no consigan el estatus de refugiados pero reciban protección por razones humanitarias. No obstante, los socios bávaros de Merkel (CSU, partido hermano de la democristiana CDU) insistieron en que su objetivo sigue siendo un tope anual de 200.000 solicitantes de asilo, propuesta a la que Merkel se opone.
La tragedia continúa, mientras tanto, cobrándose víctimas mortales en las aguas del mar Egeo. Al menos 25 personas, entre ellas diez niños, murieron ayer en el naufragio de una embarcación con refugiados registrado cerca de las costas de la isla de Samos.
