El Tribunal Supremo federal de Estados Unidos aceptó ayer revisar la apelación presentada por el Gobierno para poder ejecutar un decreto del presidente, Barack Obama, que busca suspender temporalmente la deportación de más de cinco millones de indocumentados.
El decreto, anunciado en noviembre de 2014, fue bloqueado hace casi un año a raíz de una demanda presentada por 26 Estados, en su mayoría gobernados por republicanos y liderados por Texas.
Se espera que los jueces del Supremo, el máximo tribunal del país, escuchen los argumentos del caso en abril y que adopten un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de que las convenciones demócrata y republicana designen a sus candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre.
El asunto de la inmigración y, en particular, las medidas ejecutivas de Obama constituyen uno de los principales puntos de fricción entre los dos partidos y será crucial en la campaña.
La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone al decreto de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.
El plan migratorio presentado en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes "dreamers" (soñadores) que llegaron a EE UU siendo niños en el seno de familias de indocumentados.
La otra parte del plan es el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres, que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 Estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener dicha suspensión.
El Gobierno de Obama decidió entonces presentar una apelación ante el Tribunal Supremo.
Si el Supremo falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.
