Grecia entra esta semana en una etapa crítica de sus negociaciones con los acreedores internacionales, pues si bien el pago de pensiones y salarios a finales de mes parece garantizado, no ocurre lo mismo con todas las obligaciones que el Gobierno izquierdista de Syriza debe afrontar en junio. El portavoz del Gobierno, Gavriil Sakelaridis, aseguró ayer que el pago de salarios y pensiones a finales de mes "no se cuestiona", pero no fue tan tajante en lo que se refiere a la devolución de créditos en junio, cuando Grecia debe pagar al Fondo Monetario Internacional (FMI) 1.600 millones de euros en cuatro tramos. De hecho, el domingo, el ministro griego de Interior, Nikos Vutsis, dio por seguro este impago.

Sakelaridis aseguró que el Gobierno "quiere ser puntual" con sus obligaciones, tanto domésticas como en exteriores, "tomando en cuenta los problemas de liquidez que existen", pero añadió que Grecia pagará "en la medida en la que esté en condiciones" de hacerlo. De hecho, tanto el primer ministro, Alexis Tsipras, como su ministro de Economía, Yanis Varufakis, advirtieron hace ya quince días que Grecia entraba en sus dos últimas semanas de liquidez. De hecho, Varufakis aseguró ayer que Atenas está dispuesta a acordar un programa de reformas, pero se niega a adoptar nuevas medidas de austeridad, porque, aseguró, el remedio "es peor" que la enfermedad.

Por su parte, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, aseguró que la institución mantiene una posición "flexible" sobre las medidas que debe adoptar Grecia, pero recalcó que hasta el momento son insuficientes para lograr un superávit presupuestario este ejercicio. Blanchard reconoció que el objetivo de superávit presupuestario del 3% para este año es "probablemente irreal por cuestiones económicas y políticas" y se mostró dispuesto a rebajarlo.