El juez prolonga 48 horas más la detención del líder del Sinn Fein Gerry Adams por el asesinato de 1972

Un juez accedió ayer a la petición de la Policía norirlandesa de prolongar 48 horas más la detención del líder del Sinn Fein, Gerry Adams, para seguir interrogándole por el secuestro y posterior asesinato, en 1972, de Jean McConville, una viuda de 37 años, madre de diez hijos, a la que el IRA Provisional ejecutó por considerarla una confidente del Ejército británico.

La Policía del Ulster (PSNI, por sus siglas en inglés) tenía hasta las ocho de la tarde de ayer -cuando finalizaba el primer periodo máximo arresto- para dejar libre a Adams, con cargos o exonerado, o prolongar su detención.

Eligió lo segundo, para lo que tenía que pedir una prórroga a un tribunal, que puede conceder hasta 28 días más de acuerdo con la ley Antiterrorista de 2000.

La relación del presidente del Sinn Fein con el secuestro y asesinato de McConville -cuyos restos fueron hallados en 2003, enterrados en una playa irlandesa a 80 kilómetros de Belfast- es fruto de los testimonios de varios excombatientes del IRA que se prestaron a colaborar con una investigación de una universidad de Boston, siempre y cuando sus declaraciones no fueran divulgadas hasta después de su muerte. Es el caso de Brendan Hughes, quien, antes de morir en 2008, reveló que Adams había dado la orden de hacer desaparecer a McConville.

La extensión del arresto del líder del Sinn Fein ha enfurecido a su partido, que ya el jueves atribuyó su detención a una maniobra política para perjudicar a los republicanos en los próximos procesos electorales. Sin embargo, el "número dos" de la formación, el viceministro principal de Irlanda del Norte, Martin McGuinness, fue ayer más lejos y advirtió de que el partido "reflexionará" y "revaluará" su política de apoyo al PSNI si Adams es acusado; una amenaza que, de cumplirse, puede tener desastrosas consecuencias para el proceso de paz.

No hay que olvidar que el Sinn Fein, uno de los firmantes de los acuerdos de paz de 1998, tardó casi diez años en reconocer la autoridad de la Policía y el sistema judicial de la provincia, que sigue siendo británica, pese a su autonomía.