La presión ejercida desde hace días por organizaciones de derechos humanos de todo el mundo -con Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional a la cabeza- no logró evitar que, ayer, las autoridades de Arabia Saudí ejecutaran a siete jóvenes atracadores de joyerías que eran menores de edad cuando cometieron los delitos que les han costado la vida.

Los ejecutados fueron detenidos en 2006, cuando contaban entre 16 y 20 años, por lo que en un principio fueron internados en una cárcel de menores y llevados a una de adultos con el paso de los años, según explicó el martes uno de ellos, Said al Shahrani, a Efe en una conversación telefónica desde la prisión.

Los siete jóvenes murieron fusilados, justo unos días después de que Arabia Saudí autorizase los fusilamientos como alternativa a las decapitaciones, ante la escasez de verdugos especializados en ejecutar con sable.

Grupos de derechos humanos de todo el mundo habían llamado a Arabia Saudí a detener la aplicación de la pena de muerte de estos jóvenes, que fue programada para el pasado día 5 y luego pospuesta una semana. Incluso se pensó en un eventual indulto del monarca Abdalá bin Abdelaziz, una posibilidad que un hijo del rey, el príncipe Mutab, trasladó a las familias que habían acampado frente al Palacio Real de Riad en protesta.

Pero los preparativos para las ejecuciones siguieron adelante y ayer el ministerio del Interior saudí justificó en un comunicado la muerte de quienes, dijo, habían formado una banda que perpetraba "asaltos armados y robos". Esos delitos se castigan con la muerte, la crucifixión, el destierro o la amputación de una mano y un pie, según la ley islámica o "sharía", recordó el Gobierno del reino saudí, donde rige una interpretación muy estricta del islam.

En su conversación telefónica con Efe, Al Shahrani negó los cargos que se le imputaban aunque reconoció haber cometido anteriormente delitos menores "por ignorancia". Al Shahrani se quejó también de haber sido sometido a torturas físicas y psicológicas para obtener su confesión y denunció que su juicio estuvo plagado de irregularidades, ya que no tuvo abogado y las vistas fueron secretas y con la única presencia de jueces y militares.

HRW recordó que la Convención de los Derechos del Niño, que el reino saudí ratificó en 1996, prohíbe aplicar la pena de muerte por delitos cometidos antes de los 18 años.