Ecuador recuerda el primer mes del levantamiento policial, que el Gobierno interpretó como un intento de derrocar al presidente Rafael Correa, con el estado de excepción aún vigente en Quito y con más de una docena de detenidos.
El Gobierno está inmerso en una "depuración" del cuerpo policial, donde ha dicho que existen agentes violadores de derechos humanos, mientras que ha sido por ahora menos estricto contra los miembros de la Fuerza Aérea que también participaron en la sublevación y que cerraron el aeropuerto de Quito el 30 de septiembre.
Ese día lo que comenzó como una protesta principalmente de policías de tropa por asuntos salariales se transformó en un levantamiento en medio del cual Correa quedó atrapado en un hospital cercano al sitio del motín, a donde acudió a explicar la ley rechazada por los manifestantes.
El Gobierno señaló entonces que el presidente estaba "secuestrado" en el hospital, pero la oposición lo cuestiona, al asegurar que estuvo gobernando todo el tiempo y que ofreció entrevistas telefónicas.
Según un sondeo de la firma Monitor en Quito y Guayaquil, publicado en la prensa, un 53 por ciento de encuestados cree que Correa no estuvo secuestrado y el 59 por ciento opina que no se trató de un golpe de Estado, sino una protesta que llevó a un motín por el descontento policial con la ley de servicio público.
Por su lado, un estudio de la encuestadora Perfiles de Opinión, señala que un 64 por ciento de los ecuatorianos cree que detrás del alzamiento está el ex presidente Lucio Gutiérrez u otra figura de su partido, Sociedad Patriótica, lo que él rechaza.
Gutiérrez acusa al Gobierno de montar un "show mediático" para quedar "como víctima" y recibir así créditos del exterior, terminar con la oposición y desviar la atención sobre "gravísimos" problemas como la corrupción, el desempleo y la inseguridad.
Pero el Gobierno asegura que la presencia de Correa en la sede de la protesta policial el 30 de septiembre simplemente aceleró algo que venía gestándose: el intento por desestabilizar la democracia.
El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, cree que el país "está polarizado" entre quienes creen que se necesita un cambio profundo con una "revolución sin armas" y una minoría que no está de acuerdo con esas modificaciones.
Hizo un llamamiento al diálogo a las fuerzas democráticas, pero "no puede hacerse con el golpismo. El golpismo en un crimen al cual hay que perseguir, sancionar y confrontar duramente".
La fiscalía ha convocado a declarar a los principales funcionarios del país, incluido Moreno y Correa, y están detenidos más de una decena de policías y un civil, Fidel Araujo, miembro de Sociedad Patriótica.
Correa dijo que un hombre informó de que intentaron pagarle para que lo asesinara ese día y mencionó a Araujo, pero en una nueva declaración solicitada por la defensa del detenido, el testigo comentó que sólo conocía al político de oposición por las imágenes de televisión.
Mientras avanzan las investigaciones y las discusiones sobre si el 30 de septiembre hubo un intento de golpe de Estado y de asesinar a Correa, el Gobierno asegura que se moverá más hacia la izquierda en su "revolución ciudadana", al sentirse fortalecido por el apoyo popular.
El episodio tendrá repercursiones en toda América del Sur, pues a raíz de él la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ha acordado elaborar una cláusula democrática que contemplará sanciones para regímenes instituidos a través de un golpe de Estado en la región.
Con la muerte del argentino Néstor Kirchner, el secretario general del grupo, es Ecuador como presidente temporal de la Unasur el que preparará el borrador de esa disposición, que le interesa especialmente porque ha insistido en que el peligro no ha pasado.
El estado de excepción está aún vigente en Quito, con lo que los militares están encargados de la seguridad, y el temor a otra asonada mantiene "alerta" al canciller, Ricardo Patiño.
"De ahora en adelante para salvar la democracia, proteger la democracia, dormimos con un ojo cerrado y con el otro abierto", comentó recientemente.
