El presidente checo, el euroescéptico Vaclav Klaus, anunció ayer que ha recibido una propuesta de la presidencia sueca de la Unión Europea (UE) que satisface sus exigencias para ratificar el Tratado de Lisboa "y, con ella, es posible continuar trabajando", afirmó el portavoz presidencial.

Klaus había exigido que su país quedara fuera de la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales, que acompaña al Tratado, ante el temor de que abriera la puerta a reclamaciones de indemnizaciones de los alemanes expulsados de los Sudetes tras la II Guerra Mundial.

Sin embargo, las conversaciones entre Klaus, su primer ministro, Jan Fischer, y el jefe de Gobierno sueco, Fredrik Reinfeldt, apuntan hacia una simple inclusión del caso checo en el protocolo de aplicación de la Carta, emulando los casos del Reino Unido y Polonia. Esta fórmula sería del agrado de Klaus, según el vicepresidente, Stefan Füle.

Esta solución será planteada en el Consejo Europeo de los próximos días 29 y 30 en Bruselas, donde Praga espera un compromiso de los Veintisiete para que la exención checa se incorpore durante la próxima modificación del derecho primario comunitario.

Füle señaló que las reuniones para terminar de pulir esa mención checa siguen, son "constructivas" y se percibe "cierto optimismo". El problema es que Eslovaquia ha anunciado que vetará esa propuesta en el caso de que no se aplique también a Bratislava.

El día 27, dos días antes de la cumbre de Bruselas, la Corte Constitucional checa se pronunciará sobre un recurso contra el Tratado planteado por varios senadores conservadores, y que no guarda relación con las reservas de Klaus respecto a la Carta de Derechos.

Por su parte, la UE saludó la disposición de Klaus a firmar el Tratado, pero advirtió de que la negociación aún no ha concluido. Reinfeldt se limitó a afirmar que "la presidencia sueca seguirá trabajando con vistas al Consejo Europeo de la próxima semana". Y el ministro sueco de Inmigración, Tobias Billstrom, advirtió de que «todavía queda por ver el desenlace».

Entre tanto, los ministros comunitarios de Justicia impulsaron un sistema común de garantías procesales. El primer paso se dio ayer con una decisión sobre el derecho a que los ciudadanos comunitarios acusados en otro país de la UE tengan derecho a la traducción e interpretación en su propia lengua.