El abogado de las 25 víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que está siendo procesado Fujimori, dijo a los periodistas que el discurso del ex mandatario ante la sala "es un mensaje al presidente, Alan García, pidiendo a gritos su intervención en el juicio".

"Como García fue absuelto, que me apliquen la misma regla de impunidad", dijo Rivera al referirse a las palabras de Fujimori, quien ejerce su propia defensa en el juicio.

Hasta ahora, Alan García se ha limitado a pedir respeto para la autonomía del Poder Judicial en el "mega-juicio" contra Fujimori durante el largo proceso que se prevé que concluirá hoy.

Durante el primer gobierno de García (1985-1990) se produjeron varios de los casos de violación a los derechos humanos denunciados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003, entre ellos las matanzas en los penales de El Frontón y Lurigancho en 1986 (cerca de 200 muertos).

García fue excluido de esos procesos, al igual que su actual vicepresidente Luis Giampietri, un alto oficial de la Marina retirado que comandó las acciones para sofocar un motín en El Frontón.

Rivera aclaró que las pruebas escritas de los crímenes "no existen en ninguna parte del mundo porque son crímenes del sistema".

"La orden para cometer la matanza de Barrios Altos (1991) la da el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, que era el representante del presidente ante las Fuerzas Armadas, mientras que la decisión de la intervención en la universidad La Cantuta (1992) sólo pudo venir de la máxima instancia del Estado", agregó.

El letrado explicó que entre los casos de Barrios Altos y La Cantuta, hubo ocho operaciones más del grupo Colina, un escuadrón militar encubierto que cometió los asesinatos.

En tal sentido, rechazó los argumentos de Fujimori de que los dos casos investigados fueron hechos aislados cometidos por elementos "desviados" de las Fuerzas Armadas porque, de lo contrario, significaría que el Ejército "era una sarta de desviados".

Rivera sostiene que "hubo una decisión política (para hacer desaparecer y ejecutar a sospechosos de terrorismo) que se convierte en política de Estado".