Además, reclamaron que, ante la incapacidad de los Gobiernos civiles al respecto, sea el Ejército mexicano quien se encargue de la seguridad.
Entre sus propuestas también está la de crear una fiscalía especial para que investigue los secuestros que se han incrementado desde el año pasado, a pesar de que no haya un reconocimiento oficial de la magnitud del problema. Por ello solicitaron el máximo apoyo del presidente, Felipe Calderón, para que ayude a combatir la ola de violencia que afecta a esta frontera, y que en menos de dos meses ha contabilizado 250 ejecuciones.
Los manifestantes exigieron que se instale una representación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para se haga pleno seguimiento de los delitos federales. Y demandaron que se castigue penalmente a los funcionarios que no cumplan con los acuerdos contenidos en el convenio de seguridad nacional firmado en septiembre pasado.
Entre los participantes estuvieron integrantes de la agrupación Ciudadanos Unidos contra la Impunidad, todos familiares de personas secuestradas que se encuentran desaparecidas, y que suman más de medio centenar, según su dirigente, Fernando Ocegueda Flores, también padre de un joven que fue "levantado" por un comando armado en su propio hogar y frente a su madre hace más de un año.
Los manifestantes fueron convocados por el Consejo Médico y Ciudadano de Tijuana y se congregaron en la explanada del Centro de Gobierno estatal.
