Doce funcionarios fueron expulsados de sus cargos por "graves delitos" en sus labores como responsables de la distribución del material, y otros 31 castigados, señaló el Ministerio de Supervisión, que no especificó el tipo de "castigo" que se les aplicaría a los segundos.
La corrupción de los funcionarios comunistas desde que China es un país capitalista es uno de los mayores motivos de tensión entre la población.
El terremoto, con epicentro en la provincia de Sichuan (suroeste) y que también afectó a las vecinas de Gansuy Shaanxi, que se cuentan entre las más pobres del país, se ha cobrado hasta hoy 70.000 vidas, mientras que otras 18.000 personas permanecen desaparecidas desde entonces.
El gobierno recibió más de 1.178 quejas públicas hasta la semana pasada en las que se acusa a los funcionarios locales de apropiación y distribución indebida y otras corruptelas, señaló el ministerio en declaraciones recogidas por el diario "China Daily".
Según las ONG internacionales que trabajan en la zona, como Cruz Roja y Mercy Corps, en su caso el material de ayuda internacional que están recibiendo se está entregando correctamente, según su sistema de seguimiento y control.
No está sucediendo lo mismo con la ayuda que llega desde el gobierno central chino, los locales y las donaciones nacionales, por lo que Pekín ha movilizado a diez mil auditores para averiguar adónde van a parar los 4.200 millones de dólares en fondos de ayuda que se están enviando a las provincias afectadas.
Los fondos acumulados, sin embargo, han alcanzado 14.500 millones de dólares (9.300 millones de euros), de los que el 52 por ciento proviene de donaciones sociales, un 49,6 por ciento del gobierno central y el restante 4,7 de los presupuestos locales.
Por otro lado, el gobierno central ha destinado otros adicionales 10.000 millones de dólares a la reconstrucción de las zonas afectadas, una de las labores más urgentes en estos momentos.
