La enmienda ha sido introducida por los senadores conservadores Filippo Berselli y Carlo Vizzini y prevé que las prostitutas sean incluidas en el mismo grupo que los vagabundos, los traficantes y vendedores de drogas, los delincuentes habituales, los proxenetas, los explotadores de menores y otros tipos considerados "personas peligrosas para la seguridad y la moral".

La enmienda ha levantado ya una fuerte polémica y ha dividido a la clase política italiana.

El ministro de Justicia, Angelino Alfano, ha dicho desde Luxemburgo que comparte el "principio" de la medida y que ya se evaluará como ponerla en práctica.

Su compañera de partido (el conservador PDL) Isabella Bertolini aboga por lanzar una "ofensiva" contra la prostitución que se desarrolla en calles y plazas de las ciudades y en carreteras de todo el país.

Sin embargo, para Marina Sereni, del Partido Demócrata, la medida no supone ninguna solución, sino que es más bien una "fachada", una propaganda gubernamental, porque lo hay que hacer es llegar "hasta el fondo de la cadena", en el que incluyó a los proxenetas y los traficantes de blancas.

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Luca Palamar, dijo que el objetivo del legislador debe ser localizar a los proxenetas, y en las filas de los conservadores, la diputada Alessandra Mussolini, se mostró "perpleja" por la enmienda y dijo que duda que logre "lo que hay que afrontar de verdad, los proxenetas, la violencia hacia las mujeres".

En Italia, según datos de las Organizaciones Internacionales de las Migraciones (IOM) citadas por los medios locales, existen 70.000 prostitutas, de las que el 94 por ciento son extranjeras, el 20 por ciento menores y el 30 por ciento transexuales.

Los clientes son 9,5 millones, de ellos el 70 por ciento hombres casados, siempre según la IOM, que precisa que la prostitución genera 90 millones de euros al mes.

Según datos de Cáritas, las prostitutas extranjeras son 22.000, provenientes de 60 países.