"La administración intenta avanzar lo máximo posible de forma que sus procedimientos sean irrevocables", opinó Eugene Fidell, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar en Washington, en una entrevista telefónica.
El punto de "no retorno", a juicio de Fidell, sería el momento en el que se presente la evidencia contra los detenidos.
No todos los observadores comparten la opinión legal de Fidell sobre esa restricción, pero en general ven el proceso iniciado ayer en Guantánamo contra los sospechosos por el atentado del 11 de septiembre de 2001 como una manera de forzar la mano de la nueva administración.
La Constitución de Estados Unidos prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo crimen, lo que, a su juicio, impediría al Gobierno que surja de las urnas el próximo noviembre y que se instale en enero en la Casa Blanca suspender los procesos en los tribunales especiales de Guantánamo y abrirlos en la justicia militar o civil ordinaria.
"Quieren convertirlo en algo hecho y dificultar que se puedan transferir los casos", afirmó Joanne Mariner, directora del departamento de terrorismo de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, quien asistió ayer a la vista contra los cinco presuntos miembros de Al Qaeda.
En la vista, el juez Ralph Kohlmann, un coronel de los Marines, marcó el 18 de septiembre como fecha tope para el inicio del juicio, aunque se dijo abierto a considerar las peticiones "razonables" de aplazarlo que pueda presentar la defensa.
No obstante, ayer Kohlmann negó solicitudes insistentes de los abogados de retrasar la vista, dado que a algunos de ellos el Pentágono no les había dado autorización aún para reunirse con sus clientes.
"Es algo extraordinario tener un proceso tan rápido", dijo a Efe la comandante Suzanne Lachelier, abogada de Ramzi Binalshibh, uno de los acusados.
No obstante, la celeridad de los juicios también dependerá de si el magistrado permite a Binalshibh y Mustafa al-Hawsawi, otro de los imputados, despedir a sus abogados, como hicieron ayer los otros tres acusados.
El magistrado admitió que tres de los detenidos se representen a sí mismos, pero aplazó su decisión en relación a Mustafa al-Hawsawi y Ramzi Binalshibh.
Sin letrados que les representen y que objeten a las normas que les perjudican, el proceso podría volar, dijo temer Lachelier.
"Se trata de un intento por parte de la administración de (George W.) Bush de justificar Guantánamo y los problemas graves en el proceso de detención", se quejó, por su parte, Thomas Durkin, el letrado civil de Binalshibh.
