El presidente francés, Nicolas Sarkozy, arremetió ayer de nuevo contra la jornada laboral de 35 horas y atribuyó en parte la falta de poder adquisitivo de los franceses al hecho de que "el problema en Francia es que no se trabaja bastante".

"Francamente, las 35 horas han costado 20.000 millones de euros para trabajar menos y crear menos riqueza", criticó durante una entrevista televisada desde el Elíseo con la que pretende recuperar la confianza de sus conciudadanos.

Al ser preguntado sobre las medidas adoptadas para mejorar el poder adquisitivo, y tras puntualizar que su primer año al frente de la presidencia ha coincidido con el alza de precio del petróleo, la crisis financiera, la fortaleza del euro o el aumento del precio de las materias primas, Sarkozy aseguró que dispositivos como el de la exoneración fiscal de las horas extraordinarias "está funcionando".

Así, subrayó que medio millón de empresas lo han hecho con 5 millones de trabajadores, lo que ha supuesto 500 millones de euros de poder adquisitivo distribuidos a los franceses. Se comprometió a tratar con Gas de France (GdF) la factura del gas "sin subvencionar a todo el mundo" y a revisar la relación entre proveedores y grandes superficies porque los precios "han aumentado más en Francia que en el resto de los países europeos".

Adelantó también que el primer ministro, François Fillon, presentará en quince días un texto para que las empresas que distribuyan parte de los beneficios entre los trabajadores paguen menos impuestos. El jefe del Estado galo confirmó, asimismo, que mantiene el objetivo de que Francia alcance el déficit cero en 2012.

Por lo demás, Sarkozy admitió que ha cometido "errores" y que estaba "preparado" para enfrentarse a la decepción expresada por los franceses en los sondeos cuando está a punto de cumplirse un año de su llegada al Elíseo.

Sarkozy, subrayó asimismo ayer su oposición a una regularización global de los inmigrantes irregulares porque la experiencia muestra que "conduce a la catástrofe", e insistió en aplicar la ley, al tiempo que criticó a los empresarios que contratan a sin papeles.

"Está descartado que hagamos una regularización global porque conduce a la catástrofe", declaró Sarkozy, que recordó que tras el proceso de legalización masivo en 1997, "al año siguiente hubo una explosión de demandas de asilo". También aludió a las experiencias de España e Italia, que hicieron algo similar pero "han decidido no hacerlo de nuevo".