En su discurso ante la Conferencia Suprema de Estado el 25 de enero de 1956, Mao Tse-tung no podía imaginar que poco más de 50 años después la República Popular China acabaría dando el espaldarazo a la propiedad privada. La Asamblea Nacional Popular dio ayer un paso más hacia el capitalismo con la aprobación de una ley que concede las mismas garantías a la propiedad privada que a la pública y a la colectiva, además de acabar con los beneficios fiscales de las empresas extranjeras en China.

Ha sido la ley más discutida de la historia de la República Popular China, seguramente porque ni siquiera las reformas introducidas por Deng Xiao-ping tras la muerte de Mao (1976) supusieron un hito histórico como el marcado por la Asamblea Nacional Popular ayer. Casi 14 años de debate han sido necesarios para que una versión final de la ley fuese aprobada en la última sesión del congreso anual del Partido Comunista, con 2.799 votos a favor, 52 en contra y 37 abstenciones.

La ley de la propiedad privada ha tenido fuertes opositores en influyentes sectores de intelectuales y militares comunistas, que consideran que esta nueva norma es una amenaza que pone en riesgo el papel paternalista del Estado y una forma de abrir la Caja de Pandora de la privatización desenfrenada, lo que alimentaría aún más las diferencias entre ricos y pobres. El hecho es que contrasta con las primeras décadas de régimen, cuando el Estado se encargaba de la educación, el alojamiento y la asistencia sanitaria de sus ciudadanos.

La Ley de Propiedad trata de ofrecer la misma protección a la propiedad privada que a la pública y a la colectiva, toda vez que el sector privado supone hoy por hoy un 65% del Producto Nacional Bruto de China y un 70% de los ingresos por impuestos.

También en el ámbito del negocio privado, la ley pretende además reforzar los derechos de los compradores de viviendas, que han empujado las estadísticas de viviendas en propiedad a más de un 80%, así como a los campesinos que se ven despojados de sus tierras para levantar en ellas infraestructuras o proyectos de viviendas, con pocas compensaciones. Por otro lado, la Asamblea Nacional Popular ha decidido poner fin a los beneficios fiscales de empresas extranjeras, poniendo punto final a una era en la que China ha visto cómo se convertía en la cuarta economía mundial gracias a que esas exenciones han atraído cerca de 700 mil millones de dólares desde el exterior.