El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), Ángel Gallego, reclamó ayer responsabilidades "a quienes han provocado este aluvión de sentencias", que amenazan en muchos casos con la demolición de bloques de viviendas construidas y habitadas. Es el caso de Samil, pero también de las torres Ifer, la Colina de Castrelos, la Pastora o Jacinto Benavente, que vienen padeciendo sentencias contrarias confirmadas en muchos casos por el Tribunal Supremo.
"Los promotores construimos siempre con la licencia en la mano. Si en algún caso no es así, debe ser el promotor quien responda, pero por lo general pedimos licencia, nos la conceden y sólo entonces edificamos, por lo que no se nos puede acusar de construir nada que no esté sujeto a licencia", explica Gallego. El presidente de Aproin aseguró que los promotores están "por cumplir la norma: la licencia es una acción reglada".
"Promotores y compradores estamos indefensos"
Ángel Gallego también denuncia la "indefensión" a la que están sometidos tanto los promotores como los compradores. "Unos y otros se ven desamparados por culpa de unos errores que ellos no han cometido", asegura el presidente de Aproin.
La causa de las abundantes sentencias contra actuaciones urbanísticas se debe, a su juicio, a "deficiencias en la planificación". "Vigo necesita urgentemente que haya seguridad jurídica, y por eso, entre otras razones, estamos por la aprobación de un Plan General que sea serio" y solvente una situación que califica de "muy preocupante". "Vigo no se merece esto", lamenta Ángel Gallego.
