En juego está algo más que la honra para el Ayuntamiento. Si las demoliciones comienzan a ejecutarse, detrás del problema social para los residentes aparecerá otro económico y de enormes dimensiones: las temidas indemnizaciones. Alguien deberá pagar. Y es probable que los residentes reclamen a los promotores, y éstos a la administración que les concedió licencias finalmente anuladas. "La amenaza de quebranto económico es real, y de grandes proporciones", reconoce el gerente de Urbanismo, Javier Rivas. Tal vez doscientos millones de euros. Tal vez muchos más.
El cálculo sale de la aritmética más elemental. Si la amenaza de demolición pesa sobre un millar de viviendas, un cálculo de un valor medio de 200.000 euros por piso ofrece como resultado una factura de 200 millones de euros que se pondrá encima de la mesa. Más que el presupuesto municipal de un año. Pero la cantidad final sería mayor, porque tan fácil es que aumente el número de viviendas afectadas como que el precio de los pisos siga creciendo. O el Concello soluciona la cascada de sentencias, o su hacienda estará en serio peligro.
De ahí que Urbanismo viva con angustia la crisis judicial y extreme el cuidado en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, único instrumento que puede poner a salvo, si no todas, buena parte de las actuaciones urbanísticas amenazadas. Al tratarse en su mayoría de defectos relacionados con el planeamiento, una nueva herramienta urbanística como es el PGOM podría "legalizar" lo declarado ilegal. Con una excepción: la Colina de Castrelos, la que presenta peores expectativas.
